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COMUNICADO: EXIGIMOS QUE LAS AUTORIDADES DE GUERRERO CESEN LA CRIMINALIZACIÓN CONTRA EL CENTRO MORELOS

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Publicado por: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña

GUERRERO. 7/SEPTIEMBRE/2020.- El 31 de agosto de 2020, mediante una conferencia de prensa el presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo, informó públicamente que lanzaría un veto para evitar la entrada de Manuel Olivares y otros integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” (Centro Morelos) en la comunidad de Chichihualco, en donde esta organización acompaña desde hace más de año y medio a familias desplazadas por la violencia y la presencia del crimen organizado y han abordado esta problemática en la entidad desde el año 2011.

En el mismo espacio, el alcalde infirió una serie de comentarios criminalizantes contra el trabajo de esta organización y señalamientos directos contra otros integrantes como la defensora Teodomira Rosales Sierra. En estos, hacía referencia a que el Centro Morelos está lucrando con las familias desplazadas y les responsabiliza de que las familias no hayan  podido retornar a sus comunidades.

Al respecto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación sobre que este tipo de declaraciones públicas provengan de servidores públicos quienes partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y/o oficiales, pretenden desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario.

Reiteramos que este tipo de declaraciones han derivado en la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa, comprometen la vida e integridad personal de los integrantes del Centro Morelos. Situación que provocó que en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, salieran de la entidad ante amenazas del crimen organizado por el acompañamiento que hacen a las comunidades de Chichihualco y porque las autoridades locales no pudieron brindarles las garantías adecuadas de ejercer su labor con seguridad, por lo que se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Reconocemos el trabajo que desde hace 23 años ha desempeñado el Centro Morelos en las zonas más peligrosas de la entidad y exigimos el cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes de las autoridades en el Estado de Guerrero. Es necesario que en México el derecho a defender los derechos humanos sea garantizado, protegido y promovido por todas las autoridades en todos los niveles.

Por todo lo anterior, exigimos al Estado mexicano:

  1. Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, descalificación, agresión por parte de las autoridades locales en Guerrero. Así como también se abstengan de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias al derecho a transitar libremente, asociarse y reunirse libremente.
  2. Implemente los mecanismos necesarios para proveer y garantizar ambientes propicios y seguros para quienes defienden derechos humanos en Guerrero.
  3. Se tomen todas las medidas necesarias para asegurar que funcionarios y funcionarias del Estado, otras figuras públicas, se abstengan de hacer declaraciones que estigmatizan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos en México.
  4. Se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en México, sean actores estatales o para estatales.
  5. Aplique de forma efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.

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